El gobierno de Quintana Roo reafirmó su postura sobre la concesión de Aguakan, señalando que esta fue prorrogada de manera ilegal en 2014 hasta el año 2053 y ampliada a Solidaridad sin facultades para ello. Esto ha generado un gran rechazo social debido a la falta de abastecimiento de agua, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos y mala administración en el drenaje sanitario.
Se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que llevó a que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión contra directivos de la empresa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos. Además, se han detectado graves afectaciones en el servicio de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, incluyendo contaminación con sustancias tóxicas y coliformes fecales fuera de los límites normativos.
El gobierno estatal negó haber realizado acuerdos con Aguakan y rechazó cualquier compra de la empresa, enfatizando que la concesión debe concluir. Reiteró que el agua es un derecho humano y que su administración defenderá el interés público sobre el privado.
Es importante destacar que el agua es un elemento fundamental para la vida y su acceso es un derecho humano universal, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¹. Por lo tanto, es fundamental que se garantice el acceso equitativo y sostenible al agua potable para todos los ciudadanos.
