Las empresas que ofrecen servicio de taxi a través de plataformas digitales, principalmente Uber, acostumbran pasar encima de todo y operar al margen de las regulaciones gubernamentales en los países en los que llegan.
Sin embargo, en Quintana Roo se toparon con un alto contundente a sus prácticas en un ajuste a la Ley de Movilidad que se aprobó en mayo pasado.
El mencionado ajuste, aprobado por el Congreso de Quintana Roo el martes, no prohíbe la operación de esas empresas, como algunas voces señalan, pero sí les condiciona su operación al trámite de concesiones por cada vehículo.
Esa condicionante no es un atropello. Al contrario, es un acto de justicia para otros transportistas que deben hacer el mismo trámite, es poner el piso parejo.
Es un principio de orden. No puede haber un grupo privilegiado que opere sin cumplir con regulaciones estatales y otro que sí lo haga.
Permitirlo es fomentar la anarquía, es como permitir que una cadena hotelera se asiente y opere sin licencias de funcionamiento, sin permisos de uso de suelo, sin patente para venta de bebidas alcohólicas y que toda esa tramitología se siga exigiendo a los demás.
Ejercer presión en contra del gobierno del estado a través de diferentes actores, es un vil chantaje que no debe ser permitido.
Habría que pregunta a quienes defienden la postura de Uber, incluyendo líderes empresariales, si aceptarían a un competidor que imponga sus propias reglas y opere al margen de las regulaciones gubernamentales.
Por lo demás, los taxistas sindicalizados no obtienen mayores beneficios, pero tampoco se le quitan los ganados a lo largo de su historia.
Sin embargo, están obligados a asumir el compromiso de mejorar la calidad de su servicio y la atención y seguridad a los pasajeros.
Correo: silvacetina@palcoquintanarroense.com.mx
Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoQR
-
-
-
-
