Hasta 600 mil salarios de multa a quien contamine el medio ambiente; Gabriela Medrano
Ciudad de México, 17 de abril.- La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental es histórica, y representa un paso definitivo para la defensa del medio ambiente, ahora el que contamina pagará y reparará el daño, afirmo la diputada verde ecologista Gabriela Medrano Galindo.
La también secretaria de la comisión de turismo en San Lázaro, acotó que será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien establecerá los esquemas para dictaminar a la afectación y en su caso la sanción correspondiente, al tiempo que advirtió que en los casos de reincidencia tendrán un trato más estricto.
Esta ley se convierte en el primer ordenamiento jurídico unificador, por lo que se evitará que las resoluciones de la Profepa, la Semarnat, las de los jueces civiles, de amparo y los que conozcan de acciones colectivas, sean contradictorias o divergentes. Esta ley resolverá cuestionamientos básicos y esenciales para dar certidumbre jurídica tanto a empresas y ciudadanos como a las propias autoridades ambientales, aseguró.
Este es un paso definitivo en la defensa del medio ambiente, aseguro. Refleja el esfuerzo legislativo y el compromiso del Partido Verde en materia ambiental toda ves que la propuesta lleva más de 11 años en comisiones, siempre ha sido un compromiso de campaña y hoy cumplimos a nuestra sociedad y a México, afirmo Medrano Galindo.
Así mismo reitero la afirmación del coordinador del grupo parlamentario verde ecologista el diputado Arturo Escobar al subrayar que hoy, México pasa de la palabra a los hechos en materia ambiental y hoy se envía un mensaje de seriedad y exigencia frente a una obligación prevista en la ley para evitar las afectaciones al ambiente y quienes las causen deberán asumir los costos del daño y repararlos.
Finalmente Medrano Galindo abundo en que el principio de que el que contamina, paga quedará ya como ley reglamentaria del artículo 4 constitucional y se fortalecen las sanciones económicas hasta en 600 mil días de salario mínimo a aquellas personas físicas o morales que generen afectaciones al ambiente