Chetumal, Quintana Roo.– Al considerar que quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado debe mantener un vínculo jurídico-político con Quintana Roo, la diputada Leslie Hendricks Rubio, votó en contra de las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo con las que se elimina el requisito de ser originario del Estado de Quintana Roo y de residencia para ocupar dicho cargo.
Hendricks Rubio, consideró que estas modificaciones pasan por alto la necesidad de que exista un vínculo jurídico-político con el Estado para desempeñar un cargo de tal envergadura.
“Si bien este Congreso como órgano revisor de la Constitución del Estado tiene la libertad de configuración normativa en torno al procedimiento para designar al titular de la Fiscalía General del Estado, así como con respecto a los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esa responsabilidad, de la Constitución General de la República derivan los principios básicos para el ejercicio de esa libertad”, afirmó.
Precisó que esos principios son: el respeto a la pluralidad y los derechos de las minorías en el desahogo de las propuestas, deliberaciones y las votaciones para designar al Fiscal General del Estado; y el establecimiento de requisitos mínimos de vinculación con la comunidad de quienes aspiran a desempeñar esa función.
“Estamos hablando de ser nativo con mínimo de residencia efectiva o haber adquirido la ciudadanía de Quintana Roo y tener un mínimo de residencia efectiva, que no debe ser menos de dos años anteriores a la designación”, indicó.
Hendricks Rubio, lamentó que con la aprobación de estas modificaciones a la Constitución no se cumple con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.
Señaló que resulta aún más grave abrir esta convocatoria a cualquier mexicano, pues la mayoría de la documentación que los aspirantes deben presentar para acreditar sus competencias y habilidades, su probidad y honradez, se presentan mediante cartas bajo protesta de decir verdad “Cómo podríamos cotejar y verificar dicha documentación”, cuestionó.
Homologar el procedimiento con el del Fiscal General de la República resulta también fuera de proporción por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal en comparación con ese mismo cargo a nivel federal.
Dijo que de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa no es posible equiparar el caso del nombramiento del Secretario de Seguridad Pública con los criterios para el nombramiento del Fiscal, pues el primero es una facultad exclusiva del Ejecutivo pero en el segundo, tiene responsabilidad también el Legislativo, quién, como ámbito de la representación popular local, ha de velar por la vinculación jurídico-política del Fiscal con la entidad federativa.
Leslie Hendricks, destacó que dada la situación de inseguridad que priva en el Estado y que es evidente la disposición e interés de las autoridades en la materia, en el nombramiento del Fiscal General debe potenciarse y efectuarse al amparo del cumplimiento expreso de la Constitución pues su legalidad y trascendencia no puede estar sometida al escrutinio social bajo un señalamiento de violación constitucional.
“Quintana Roo debe ser capaz de egresar profesionistas con la suficiente capacidad y el perfil requerido para poder ser postulados para cualquiera de los cargos a los que convoque el Congreso Estatal”, concluyó.
