Francisco Córdova Lira, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y uno de los inversionistas que tiene frenado su proyecto en Tajamar Cancún por el amparo otorgado por un Juez Federal a 117 menores de edad para garantizar un ambiente público digno, señaló que existe desánimo entre el sector que confió, compró y proyecto un desarrollo en una zona que fue planeada, vendida y autorizada por un estado mexicano fallido que no está asegurando esa certeza en la inversión.
El empresario, señaló que los niños tienen toda la razón en querer ampararse y es la ley la que tiene que determinar que resolución se dará en el tema, sin embargo advirtió que no podemos seguir con un país donde el estado mexicano venda propiedades, invierta cientos de millones de pesos y luego queden sujetas a lo que está sucediendo.
El inversionista señaló que aunque por el momento no se sabe de ningún empresario que esté solicitando la devolución de su compra para retirar su capital y cancelar el proyecto por el amparo otorgado, de darse este escenario, consideró que el Fonatur terminaría quebrando al verse obligado a realizar la devolución y el mensaje no sería nada favorable.
“Me parece que hay un error de base en el amparo otorgado, porque el espacio público que hoy se pelea, lo deberíamos haber luchado todos los cancunenses antes de que el estado mexicano invirtiera cientos de millones de pesos y antes de que empresarios como un servidor, confiando en el estado mexicano, compraramos una propiedad ahí. Yo no compre para destrozar el medio ambiente, el estado mexicano me vendió e hizo todo los trámites y permisos dentro del marco de la ley y ahora el proyecto está frenado a pesar de que cuento con todos los permisos”, expresó.
El empresario indicó que la resolución le corresponde a la autoridad, por lo que se tendrá que esperar más tiempo.
El pasado 27 de agosto el Juez Cuarto del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, concendió a 117 menores de edad una suspensión provisional para un desarrollo turístico que es señalado de poner en riesgo su derecho a un medio ambiente sano. El mismo juez determinó una finaza de 21 millones de pesos para resarcir los daños que se ocasionan a los inversionistas que ya desarrollan sus proyectos, lo que se ha calificado de “ridículo e impagable”.
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