La política laboral ha transitado en las últimas décadas sobre la base de una “estabilidad” cómoda, usando como premisas que no han existido conflictos sindicales importantes y que las políticas salariales han transitado por debajo de los parámetros de los indicadores inflacionarios y económicos, lo cual ha otorgado tranquilidad a los gobiernos, las cúpulas industriales y sindicales.
Los principales acreedores de esa “estabilidad”, quienes ven con preocupación que algunos de sus intereses y actividades “legítimas” se vean afectadas con cambios en la política laboral, son:
- Las empresas de outsourcing legales, que se han enriquecido a base de cobrar un porcentaje por administrar la nómina y dejar de pagar utilidades. Dinero que debió trasladarse al ingreso de los trabajadores, generando impuestos y seguridad social.
- Las pagadoras irregulares, que administran nominas, pero con triangulaciones fiscales para disminuir el impacto de sus servicios, generando fraudes fiscales y huecos a la hacienda pública y la seguridad social.
- Los patrones que usan la subcontratación como medio para evadir impuestos y seguridad social, dejar de pagar utilidades.
- Las cúpulas patrones que han utilizado a la Comisión de salarios mínimos para fijar un piso en los aumentos salariales, teniendo a la clase trabajadora con ingresos que en ocasiones están en el umbral de la pobreza extrema.
- Los sindicatos charros blandos, que se la pasan cobrando cuotas sindicales sin representación de los trabajadores, solo por firmar un contrato colectivo a modo.
- Los sindicatos charros negros, que son el grupo de sindicatos que se la pasan buscando empresas, establecimiento y obras de construcción que no tienen contrato colectivo, para emplazarlas a huelga con el único fin de cobrar un monto por evitar la huelga. Lo que se conoce en otros términos como cobro de piso, pero aquí es legal pues cuentan con toma de nota expedida por la autoridad.
- Los políticos que son socios de las empresas de outsourcing, que desde el sexenio de Fox y Calderón fijaron esta práctica, la cual alcanza hoy a poco mas del 25% de la industria nacional.
- Los políticos que están relacionados a las centrales obreras y reciben recursos o apoyo político para sus intereses.
- Los presidentes municipales que en contubernio con lideres sindicales locales imponen condiciones para la firma de contratos colectivos o el cobro de cuotas por proyectos que pasan por su territorio: carreteras, gasoductos, proyectos energéticos, hoteles, etc.
- Las agrupaciones gremiales, que bajo el disfraz de sindicatos tienen agrupados a cientos de trabajadores limitando la libertad de asociación y en ocasiones hasta de competencia, pues agrupan a transportistas, taxistas, comerciantes, etc., amparados con el aval gubernamental.
- Los despachos de fiscalistas que han generado “estrategias” para evitar el pago integro del los impuestos y pago de seguridad social de las nóminas de los trabajadores.
- Los intereses creados alrededor de inspectores, certificadores, que implican a funcionarios y particulares, quienes han encontrado un modo de vida en la simulación de la aplicación de la normatividad laboral.
- Los despachos de abogados que se dedican a la simulación de juicios laborales, que inventan demandas, que reciclan actores y viven de llevar cientos de convenios al día, a pesar de no tener acción ni derecho.
- Los bancos, las afores, que han hecho del dinero del salario de los trabajadores una mina de oro para sus arcas.
- Los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se han prestado a la simulación en la aplicación de Ley Federal del Trabajo (no son todos, pero son muchos).
- Los representantes del capital y del trabajo que integran las Juntas de Conciliación, que han parasitado en sus puestos, al amparo de las cúpulas patronales y de centrales obreras.
Esta es la respuesta a la pregunta que hace Federico Arreola, de a quién estorba una nueva política pública de lo laboral en nuestro país como la que propone Luisa María Alcalde. Y explica la grilla sin fundamento que realiza Templo Mayor en su contra.
** Maestro en derecho.
UNAM – ITAM – FLACSO – UADY, TLAX
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