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Mano dura en contra de quien cierre ilícitamente el acceso a playas: @CandyAyuso

Cancún, Quintana Roo a 23 de abril.- La candidata a diputada federal de la coalición “Todos por México” al distrito 04, Candy Ayuso Achach, dijo que analizará el Código Penal Federal para que quien ilícitamente cierre, destruya o impida el acceso a ellas playas turísticos sea sancionado evitando así, la privatización de estos puntos turísticos.

“Los ciudadanos tienen el derecho de tener acceso libre a las playas públicas, pero algunos hoteles han impedido que la gente pueda ingresar, hay que mantener en una balanza el desarrollo económico y los espacios abiertos, para que la población disfrute del patrimonio natural”.

Indicó que se deben endurecer las penas en contra de quienes impidan el libre tránsito y exhortó a los propietarios de los terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) acaten las leyes.

“Por ello, tal y como lo hice desde el Poder Legislativo de Quintana Roo, propondré señalar como delito en el Código Penal Federal a quien ilícitamente cierre, destruya o impida el acceso y goce de los recursos naturales de la zona federal marítimo terrestre, de la zona federal correspondiente a lagunas interiores y ríos”, expuso durante su caminata en las Supermanzanas 200, 523 y 529.

Refirió que en Cancún, existen menos opciones para disfrutar de esos lugares públicos, por ello también intervendrá para qué destinos como Puerto Morelos no sufran este tipo de hechos, al respaldar solo los proyectos que no afecten a los accesos de las costas.

“Es claro que el marco legal no se respeta y en varios estados del País, y particularmente en Quintana Roo, el cierre de los accesos públicos a las playas por acciones indebidas de instancias privadas y públicas, limitan o evitan el libre acceso y goce de las playas que son patrimonio de todos los mexicanos; propondré medicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer, claramente, el derecho de cada persona al acceso y disfrute de las playas y bienes inmuebles de uso común; es la obligación de las autoridades de preservar y mejorar dichos espacios, y la obligación de los particulares de respetar ese derecho”, concluyó.