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Por un desarrollo urbano ordenado y sustentable en Quintana Roo: @MiguelRamonSII

PLAYA DEL CARMEN, 26 de abril.-El desarrollo urbano en Quintana Roo debe ser de ordenado y sustentable, con un trabajo coordinado entre las diversas instancias, así como con la decidida participación de la sociedad, para evitar una problemática a futuro porque no se resuelve nada si se entrega únicamente tierra sin servicio, afirmó el candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 01, de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, Miguel Ramón Martín Azueta.

Explicó que durante sus recorridos en la campaña política, que desarrolla como candidato a la diputación federal, en los municipios de Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tulum, las familias le han externado su inquietud y necesidad por contar con un terreno y/o la certeza jurídica respectiva.

Miguel Ramón señaló que en sus recorridos, escucha a todos los sectores involucrados en el desarrollo urbano de Quintana Roo, en especial a las familias que requieren de lotes con servicios básicos.

Consideró que se debe cumplir con el mandato establecido en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) promulgado por la Federación; al recordar que está en proceso de actualización y modernización el Marco Normativo Urbano del Estado que desde hace 25 años no se ha modificado, para que las familias puedan acceder a una mejor calidad de vida.

“En los últimos días, dijo, hemos recorrido y hemos estado trabajando en temas que preocupan a los habitantes de Akumal y Chemuyil sobre asuntos de vivienda, que si bien son temas que no compete su solución de manera directa a un candidato a diputado federal, sabemos que se están haciendo esfuerzos para evitar las invasiones y se concientiza a los ciudadanos con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable.

Cabe destacar que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), en Quintana Roo actualmente unas 400 mil personas viven en zonas con falta de certeza jurídica y en muchos casos, donde padecen la falta de servicios básicos.