PROFEPA clausura terreno por devastar más de 19 mil metros de vegetación en QRoo
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total temporal un predio que registró la quema y remoción en una superficie de 19 mil 750 metros cuadrados de vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia, para ser utilizado con fines agrícolas.
El particular responsable del terreno, ubicado en la comunidad denominada “Rancho San Bernardino”, municipio de José María Morelos, Q. Roo, no acreditó las autorizaciones respectivas de cambio de uso de suelo en material forestal y de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La acción estuvo a cargo de inspectores de la Delegación Federal de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo, quienes constataron al cabo de un recorrido de verificación la comisión de obras y actividades relativas a corte y quema de vegetación forestal para que dicho predio fuera utilizado en la siembra de calabaza y cilantro.
Como resultado de la devastación se afectaron una serie de diversas especies forestales entre las que destacan: boob (Coccoloba spicata), jabín (Piscidia piscipula), palma de guano (Sabal yapa), tzalam (Lysiloma bahamensis), chaca rojo (Bursera simaruba), Kaniste (Pouteria campechiana).
El dictamen refiere también la afectación de: katalox (Swartzia cubensis), yaxnic (Vitex gaumeri), negrito (Simarouba glauca), principalmente. Asimismo, se observaron ejemplares aislados de zamia (Zamia loddigesii) especie considerada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como amenazada.
Cabe precisar que durante esta clase de quema se produce la pérdida de la cobertura vegetal, lo que pone en riesgo la supervivencia de microrganismos benéficos como ácaros, caracoles, hormigas, gusanos, hongos, entre otros.
Estas actividades podrían originar un aumento en la erosión del suelo y la sedimentación, produciendo un daño o deterioro a los recursos naturales.
Ante dicha situación, el responsable del terreno cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que cuenta con la documentación solicitada.
En caso de no presentarla, esta Procuraduría continuará el procedimiento administrativo y podrá imponerse una multa que puede ir de los 100 a los 20 mil días de salario mínimo de conformidad con el artículos 163 fracciones I y V y 165 Fracción II de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Asimismo, en materia de Impacto Ambiental, la multa que podrían alcanzar es de 30 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con el artículo 171 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
