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¿Se harán harakiri los partidos políticos?, escribe Julio César Silva desde el Palco

Desde principios de la década de los 70 en los países desarrollados se llegó a la conclusión de que los partidos políticos serían incapaces de organizarse y costear las campañas sin financiamiento público.
Por tanto, en esos países se decidió que canalizar fondos públicos a los partidos no sólo es indispensable, sino deseable.
Como ocurre casi siempre, México se inserta relativamente tarde a esa corriente internacional, pues es hasta la reforma legal de 1987 en que se previó por primera vez el financiamiento público de carácter pecuniario para los partidos políticos y en 1993 se establecen con claridad los criterios para asignar esos recursos, que son los que prevalecen hasta la fecha.
También se establecieron una serie de “candados” para prohibir las aportaciones de entidades públicas, extranjeros, ministros de culto y de empresas mercantiles. También se determinó que las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos, como sí ocurre en otros países y se previó la obligación de los partidos de presentar informes respecto de sus ingresos y egresos.
Sin embargo, el financiamiento político ha enfrentado muchos problemas en la mayoría de las democracias, sobre todo porque el dinero que reciben los partidos políticos se usan frecuentemente de manera irregular.
Incluso, muchos políticos han sido acusados de aceptar dinero del narcotráfico.
Por ejemplo, la caída de los demócratas cristianos en Italia a mediados de los 90 fue en gran medida por acusaciones de conexiones con la mafia. En Japón, la crisis política y el desafío a los gobernantes liberales a principios de 1990 también se centró alrededor de una serie de escándalos envueltos en pagos a políticos por sus enormes gastos electorales.
Esas experiencias motivaron nuevas regulaciones en esas naciones.
Como en todos los países, en las demás democracias hay un reclamo creciente de parte de los ciudadanos para cancelar o reducir el financiamiento público, que en muchos casos parece excesivo.
Tan solo en México, en los últimos 20 años, de 1997 a 2017, los partidos políticos se embolsaron más de $2.5 billones de pesos, equivalentes al 50% del presupuesto federal de este año y los resultados para el país no se refleja en un mejor bienestar, en mejor infraestructura.
Reconocidos analistas políticos nacionales afirman que en ese lapso de tiempo hay una “generación perdida” de políticos que no encontró la cuadratura al círculo, que se la vivió en el discurso, en el debate sin calidad, en las diferencias permanentes que polarizaron al país.
Visto así, en la relación costo-beneficio los mexicanos salimos perdiendo.
Por eso no es de extrañar que se haya hecho viral la exigencia de destinar por lo menos la mitad del financiamiento previsto para el próximo año, la mayor en la historia del país, a la reconstrucción de las zonas dañadas por los recientes terremotos.
Incluso, hay partidos políticos, de los grandes, que afirman enviarán al Congreso de la Unión una iniciativa para cancelar el financiamiento público.
Sin duda, cayeron en la provocación de Andrés Manuel López Obrador, cuyo financiamiento de los últimos 10 años está en la oscuridad, pero tampoco nadie ha querido investigar.
Pero a pesar de las declaraciones populistas de todos los líderes partidistas, no se concretará nada para enfrentar la crisis que implica la actual exigencia ciudadana.
Cualquier reforma que se haga en ese sentido tendrá que ser para el proceso electoral federal de 2021 y para entonces, a menos que haya otra desgracia nacional, las cosas estarán frías… y olvidadas. Esa ha sido siempre la historia del país.
Cancelar el financiamiento público sería el harakiri de los partidos políticos, incapaces en todo el mundo de financiarse, pero además, eliminaría el piso parejo que ha tardado por lo menos tres décadas en construirse, para que las organizaciones pequeñas accedan a condiciones más equitativas de competencia.
Cancelar el financiamiento público, que sería una acción populista cuyos costos en la democracia se verían más adelante, no es la solución.
La solución pasa por el rescate de la credibilidad de la política, que los políticos recuperen credibilidad y respeto con acciones ancladas a la legalidad. En la quema no se salva nadie, porque el ejercicio del poder los ha hecho iguales a todos.
La solución pasa por la imposición de un orden, de un proyecto de nación que adopten todos, no uno que se invente cada seis años.
La solución pasa por que en el futuro los mexicanos podamos votar por la mejor opción y no por el menos malo.
La solución a los problemas de nuestra democracia no pasa por la eliminación del financiamiento público. Hacerlo sería un error histórico.
Las aguas volverán a su nivel, pero ojalá que la exigencia ciudadana siga retumbando como eco para aquellos que han hecho de los partidos políticos agencias laborales para sus familias, en los que se hacen candidatas a la esposa, la sobrina, la nieta y al cuñado, como en el PT.
Allí hace falta un “candado” para evitar ese tipo de aberraciones que ofenden a los ciudadanos.

 


Correo: jsilva@palcoquintanarroense.com.mx
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